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viernes, 15 de abril de 2016cermi.es semanal Nº 208

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Aquí nos discriminan

Piden el derecho al voto para una gallega con discapacidad intelectual

Información publicada en La voz de Galicia

13/04/2016

En 2014, antes de su mayoría de edad, la familia de Mara G. C., una joven gallega con discapacidad intelectual, solicitó la prórroga de la patria potestad, y su incapacitación parcial para aspectos en los que tiene más dificultades para desarrollar su autonomía, básicamente económicos. Eso supone que la Justicia decide sobre su derecho al voto. Ella, ahora con 19 años, quiere ejercerlo y su familia la ampara; pero el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago en septiembre del 2014, la Audiencia Provincial de A Coruña en marzo del 2015, y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el 17 del mes pasado fallaron en contra. En las últimas elecciones europeas, y en las generales del 20 de diciembre, Mara ejerció ese derecho, porque las sentencias aún no eran firmes.

La Fundación Down Compostela, en la que está integrada, apoya la intención de la familia de acudir al Constitucional, y pedirá este fin de semana que Down España también lo haga; será el primer caso que llegue a ese Tribunal. El CERMI solicitó a la Defensora del Pueblo que presente recurso de amparo. "Estamos dispuestos a llegar al Tribunal de Estrasburgo", afirma Lourdes González, abogada de la familia, quien anuncia que va a solicitar la suspensión de la sentencia del Supremo.
 

La ONU y la Constitución

 
La Fiscalía General del Estado ha anunciado que recurrirá el fallo del Supremo, agrega la abogada. Tanto ella como el presidente de Down Compostela, Juan Martínez, valoran que el Supremo "perdió una oportunidad" de sentar jurisprudencia sobre un asunto que afecta a unas 80.000 personas en España.
 
La clave, dicen, es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que debe ser modificada. El Congreso lo solicitó al Gobierno de España en 2013, pero no se hizo. Esa ley es de rango inferior a la Constitución, y a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (rubricada por España), que reconocen ese derecho de Mara, insisten.
 
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